martes, 5 de junio de 2012

Los cuentapropistas desconfían del gobierno

Economía

Los cuentapropistas desconfían del gobierno
Orlando Freire Santana
La Habana 05-06-2012 - 7:37 am.

'Cuentas Claras', impuestos mensuales, gastos de producción…, y la
sensación de que el gobierno siempre engaña.

No hace mucho se informó que la Empresa de Tecnologías de la Información
y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL) había creado un sistema
informático denominado Cuentas Claras, diseñado para facilitar la labor
contable de los cubanos que han optado por el trabajo por cuenta propia.
Se trata de un CD que permite el registro de los datos personales del
cuentapropista, así como el cálculo de sus impuestos, el almacenamiento
de datos relacionados con los gastos e ingresos diarios, y los tributos
pendientes de liquidación.

Los fabricantes de Cuentas Claras aducen que el sistema informático
garantiza también la disponibilidad de los cambios y modificaciones que
experimenten las resoluciones que rigen el trabajo por cuenta propia. En
este caso, la nueva versión del sistema se le haría llegar a la persona
que haya adquirido la anterior. Esta es, sin dudas, una de las grandes
facilidades que aporta Cuentas Claras, por cuanto mantenerse actualizado
en los marcos de la legislación tributaria es un reto que afrontan los
interesados.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, un muestreo entre decenas de
cuentapropistas habaneros indica la escasa adquisición del referido CD.
Hay que tomar en cuenta que Cuba clasifica entre los países más
rezagados del mundo en lo concerniente al acceso a las técnicas de
información por parte de los ciudadanos. Ello queda confirmado, por
ejemplo, en el bajo porcentaje de personas que poseen computadoras en
sus hogares. Mas, cualquier analista que ahonde en las interioridades
del trabajo por cuenta propia podría afirmar que la desconfianza es el
principal valladar que se interpone ante la aceptación de Cuentas Claras.

No obstante los indicios de que en esta ocasión el trabajo por cuenta
propia no constituye una salida coyuntural de las autoridades, sino una
estrategia que posibilite el aligeramiento del hipertrofiado sector
estatal de la economía —y por tanto casi la única válvula de escape para
los cientos de miles de trabajadores de entidades gubernamentales que
deben ser despedidos—, el cubano de a pie no las tiene todas consigo.
Recuerda lo sucedido en los años 90, cuando después de que la economía
diera signos de recuperación tras la debacle del período especial, los
gobernantes comenzaron a poner trabas a los negocios privados, en
especial a la elaboración y venta de alimentos. En ese contexto, casi
todos los restaurantes —popularmente conocidos como paladares— fueron
cerrados.

Por otra parte, la actual legislación que ampara el trabajo por cuenta
propia contiene más de un aspecto que inquieta a los cuentapropistas.
Uno de ellos son los gastos ocasionados en la producción de un artículo
o la prestación de un servicio. A pesar de que la última versión de la
Declaración Jurada de Ingresos Personales contemplaba un porcentaje
mayor de gastos a deducir de los ingresos brutos (40% en el caso de la
elaboración de alimentos, contra un 10% en años anteriores), la Ley
exige que la mitad de esos gastos se justifiquen mediante facturas o
comprobantes de venta. Y he ahí donde radica el problema: una buena
parte del comercio minorista no emite esos documentos, al tiempo que no
existen establecimientos mayoristas donde los cuentapropistas puedan
adquirir sus insumos.

El impuesto mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia es otro
elemento peliagudo. Además de que una porción sustancial de las
ocupaciones pagan cuotas impositivas elevadas —sobre todo las que se
consideran actividades más lucrativas—, cada municipio del país tiene la
potestad de elevar las cuotas en cualquier momento. Después, al final
del año, la famosa Declaración Jurada puede determinar que el agobiado
cuentapropista deba de pagar una suma adicional de dinero al presupuesto
estatal.

Y qué decir del Artículo 4 de la Resolución 286 de 2010, que establece
que todo cuentapropista que obtenga ingresos anuales superiores a los 50
mil pesos debe llevar un sistema contable parecido, aunque más
simplificado, al que operan las entidades estatales; además de la
obligatoriedad de que abran cuentas bancarias para sus operaciones. Esto
se interpreta como un intento gubernamental por controlar hasta el más
mínimo resquicio de los negocios privados.

Por tales motivos, es lógico que los trabajadores por cuenta propia
prefieran contratar los servicios de un economista o alguien versado en
temas tributarios, con los cuales poder tratar en confianza asuntos tan
sensibles como los aquí mencionados, y por el contrario desdeñen las
cuentas no muy claras que proponen las autoridades.

http://www.diariodecuba.com/cuba/11254-los-cuentapropistas-desconfian-del-gobierno

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